El marco legal de las organizaciones voluntarias que cuenten con fondos del Estado y la posibilidad de establecer un estatuto único para todo tipo de organizaciones sociales son algunos de los temas que deberá resolver la Comisión Mixta que analiza las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras en el proyecto sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.

Así lo dieron a conocer los senadores Ricardo Núñez y Jaime Orpis, presidente e integrante de la instancia legislativa, respectivamente, quienes coincidieron en valorar esta iniciativa que, entre otras materias, crea un fondo para incentivar la participación ciudadana.

El senador Ricardo Núñez señaló que "tropezamos en algunas diferencias y por eso convocamos a esta instancia para el próximo lunes 18 de enero, con el fin de analizar el capítulo relativo a cómo regular las organizaciones de voluntariado".

El parlamentario explicó que esta figura "es una novedad porque teóricamente estas organizaciones no debieran ser reguladas porque se trata de instancias donde la gente participa voluntariamente, en consecuencia regular aquello no es fácil, salvo que se trate de organizaciones de carácter voluntario que reciban recursos del Estado".

En ese caso, el senador Núñez se mostró partidario de "buscar una fórmula donde efectivamente se garanticen los fondos públicos destinados a estas instituciones, pero sin que pierdan el carácter de entidades voluntarias".

El legislador admitió que se trata de una materia "compleja" porque la iniciativa apunta a facilitar el ejercicio del derecho de asociación mediante regulaciones que simplifiquen la constitución de las agrupaciones intermedias que persigan finalidades de interés social o cultural, sin fines de lucro y que no estén reglamentadas por estatutos especiales.

CÓDIGO CIVIL

Por su parte, el senador Jaime Orpis, manifestó que "el proyecto intenta facilitar la labor que realizan las distintas organizaciones sociales, en general, sin importar si son voluntarias o no. Ese es el concepto base".

Por estas razones, hizo notar que "tenemos una gran cantidad de tipos de organizaciones distintas y, en vez de facilitar las cosas, terminamos entorpeciéndolas".

Manifestó que "por un lado se crea un fondo y un mecanismo de participación ciudadana respecto de órganos del Estado y los municipios, pero la gran debilidad es que se van generando una serie de organizaciones adicionales, lo que complica el sistema".

A su juicio, lo que se requiere es modificar el Código Civil para elaborar un estatuto simple y que sea aplicable a todo tipo de organizaciones para facilitarles la vida en su constitución,  en la organización y en la rendición de cuentas, entre otros aspectos".

Cabe señalar que en lo fundamental el proyecto propone que tanto las organizaciones sin fines de lucro como las de interés público, deberán estar inscritas en sus respectivos registros, los que serán administrados por el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Dicho registro para las asociaciones sin fines de lucro deberá estar permanentemente actualizado, de modo que sea accesible vía Internet, en forma gratuita y sin exigencia de clave para el ingreso de los usuarios.

Por su parte, el registro de organizaciones de interés público, deberá cumplir con las mismas disposiciones, pero además, tendrá que consignar detalladamente los recursos que toda asociación inscrita en él reciba del Fondo de Desarrollo para la Sociedad Civil.